«Qué lástima el feo día. Mucha gente que habrá querido venir». La frase no fue dicha durante la quinta Marcha Federal Universitaria que, pese a la lluvia, fue multitudinaria. La reflexión corresponde al entonces presidente Mauricio Macri -hoy principal aliado al gobierno de Javier Milei- mientras se dirigía, el 1º de marzo de 2016, a realizar su primera apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso en medio de una jornada lluviosa. Ironías de la historia o el condicionamiento climático a la adhesión a proyectos o consignas.

Sin embargo, bajo la lluvia y la convocatoria “Por la educación, la soberanía y la democracia”, la comunidad universitaria volvió a salir a la calle con el respaldo de otros sectores afectados por las políticas de ajuste del Gobierno nacional – personas con discapacidad, jubilados, familias endeudadas- y autoconvocados. Una Plaza colmada que volvió a reclamarle al gobierno los recursos necesarios para sostener la educación pública, gratuita y de calidad.

En ese sentido, dirigentes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), del Frente Sindical y de la Federación Universitaria Argentina (FUA) reclamaron al Gobierno que incorpore al Presupuesto 2027 —que sería debatido a mediados de noviembre en el Congreso— las partidas previstas en la Ley 27.795, junto con los fondos necesarios para recuperar las pérdidas acumuladas. Según señalaron, el proyecto oficialista no contempla esos recursos.

«El presupuesto para las universidades nacionales debería incrementarse un 33,4 % respecto del proyecto de ley de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional», sostuvo la comunidad universitaria a través de un comunidado conjunto. 

En simultáneo, una sesión impulsada por diputados de la oposición para abordar el endeudamiento familiar, la derogación del DNU 70/2023 – considerado la matriz del ajuste y la desregulación libertaria- y la prórroga de la emergencia en discapacidad, fracasó por falta quórum; se alcanzaron 121 diputados, ocho menos de los 129 necesarios para sesionar.

En tanto, la respuesta de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva fue, una vez más, la represión: el avance del camión hidrante por Avenida de Mayo, una lluvia de gases lacrimógenos y de balas de goma que volvieron a inundar las calles del centro porteño. La violencia fue la imagen con la que el gobierno buscó clausurar una jornada de lucha y contrarrestar la contundencia de la movilización.

Todo esto ocurrió mientras la Justicia resolvió hacer efectiva la multa por incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La sanción es de 100 mil pesos diarios que podrán duplicarse o triplicarse, además de extenderse a otros funcionarios, si el gobierno de La Libertad Avanza continúa sin ejecutar la ley.

“Las universidades y el sistema científico-tecnológico no están discutiendo hoy sus márgenes de expansión o crecimiento, sino la preservación de las condiciones mínimas de existencia”, advirtió la comunidad universitaria en el documento difundido durante la jornada. El mensaje también dejó en claro que la lucha continuará hasta que el Gobierno cumpla con la ley.