La imagen se repite: docentes con uno o dos cargos o algunas horas cátedra. Dan clases, atienden excepcionalidades, contienen, planifican, corrigen y llevan trabajo a casa. Una vez allí, el desafío de compatibilizar el trabajo escolar extendido con el trabajo de cuidado y gestión del hogar (en la práctica ambas tareas no son remuneradas). La primera, da por sentado, históricamente, que el maestro o la maestra se lleve trabajo a su casa o responda comunicaciones fuera de su horario laboral. La segunda, da cuenta de la división sexual del trabajo y de estereotipos que, histórica y estructuralmente, asignan tareas según el género, por lo que las mujeres y diversidades, en su mayoría, son las que cuidan y gestionan el hogar. Así, el peso mental, físico y psicológico de tales tareas afecta la salud de las y los trabajadores, sobre todo de las mujeres, dado que más del 80% de la base de representación de SADOP está compuesto por mujeres.

Esta es la situación que atraviesa la docencia bonaerense de gestión privada a la que se le suman los hechos de violencia que se suceden en las escuelas y el ataque sistemático por parte del Gobierno Nacional con la discontinuidad del FONID y de la mesa de discusión paritaria, la baja de programas y recursos para el mantenimiento del sistema, más la estigmatización de la acción gremial y sus dirigentes.

Un contexto sumamente delicado, que requiere urgente atención y expone “responsabilidades ineludibles” de toda la comunidad educativa -docentes, familias, propietarios de los colegios y el Estado-.

 

Herramientas sindicales. La importancia de la acción gremial

 

En mayo de 2025, las y los docentes de gestión privada obtuvieron, durante la negociación paritaria con el Gobierno de Axel Kicillof, el derecho a la desconexión digital, por el que todavía siguen peleando para su efectivo cumplimiento.

Con esta conquista, pasó a entenderse que la jornada laboral tiene un límite. Basta de mensajes o requerimientos fuera del horario laboral, por lo que cada empleador debe ser respetuoso de ese derecho para que lo alcanzado no sea letra muerta.

¿Qué establece la desconexión digital? Que las y los trabajadores docentes tienen derecho a no responder a ninguna comunicación recibida por correo electrónico, WhatsApp, teléfono, u otros medios, una vez finalizada su jornada laboral; salvo que concurran circunstancias de fuerza mayor o causales que afecten gravemente en funcionamiento de la institución educativa.

“Los equipos directivos y de supervisión deben cumplir especialmente las políticas de desconexión digital, respecto a los equipos docentes a su cargo. Por ello, se abstendrán de requerir respuesta en las comunicaciones enviadas a los y las docentes fuera de horario de trabajo o próximo a su finalización, siempre que pudieran suponer para los destinatarios de las mismas la realización de un trabajo efectivo que previsiblemente pueda prolongarse e invadir su tiempo de descanso”, establece el acta paritaria de mayo del año pasado, a partir del planteo de los sindicatos docentes. Actualmente, SADOP junto a los demás gremios docentes, continúan batallando para lograr su implementación plena.

 

 

Crear cargos para mejorar las condiciones de trabajo y el derecho a la educación

En marzo de este año, la Dirección General de Cultura y Educación, hoy a cargo de Flavia Terigi, actualizó la disposición que permite la creación de cargos educativos que sean necesarios en pos de mejorar las condiciones de trabajo de las y los docentes y el derecho a la educación.

"Disminuir la sobrecarga no es trabajar menos, sino trabajar mejor", postuló Donzelli, dado que, al habilitar la creación de cargos -docentes, preceptorías…- el trabajo podría organizarse de manera más amable para la salud de las y los trabajadores, al tiempo que redundar en una mejor educación para las y los alumnos.

En este punto, SADOP considera necesario que las y los empleadores (los propietarios de los colegios) creen el cargo de Coordinador de Intensificación de trayectorias Educativas (CITE), para atender todas las demandas que creó la aplicación del nuevo Régimen Académico en el nivel secundario de la Provincia, que elimina la repitencia de todo el año y propone la acreditación por materias y momentos de Intensificación. En unos pocos colegios funciona con éxito, según precisó la dirigenta.

Además, consideró la obligación de los empleadores en la creación de Equipos de Orientación Escolar para acompañar a familias, estudiantes y docentes en momentos donde la conflictividad está en aumento.

"Desde SADOP proponemos herramientas que trascienden la queja y promueven acciones concretas para asegurar el derecho a la educación y al trabajo en condiciones dignas y seguras", explicó Donzelli y remarcó: "Derecho que no se conoce, no se defiende".

En ese sentido, subrayó la labor de las y los delegados como el primer oído gremial dentro de las instituciones educativas, no solo para el reclamo sino para responder dudas, resolver inquietudes o acercar soluciones. "En ningún momento empleador/ sindicato deben verse como antagónicos. Desde SADOP entendemos que cada uno tiene un rol dentro del sistema y que cada uno tiene la obligación de aportar lo mejor para redundar en una mejor escuela y una mejor educación", sostuvo.

 

Acuerdo Paritario de Resguardo y Reparación ante hechos de violencia

Vigente desde 2023 y con el eco del convenio 190 de la OIT contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires cuentan con el Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso. Este busca acercar una respuesta institucional, un marco normativo y de acción a una demanda del colectivo de la educación. Sin embargo, desde su conquista hasta la fecha, enfrenta dificultades en su implementación plena. Los reiterados hechos de violencia escolar lo evidencian, más el reclamo docente de que se aceiten todos los mecanismos para trabajar en la prevención.

En este punto, SADOP destaca la necesidad de promover la participación dentro de la escuela, que se movilicen canales institucionales, que se escuche efectivamente a las y los docentes y a las familias en pos de gestionar demandas, problemas y trabajar en la prevención. "La violencia nunca puede ser una respuesta", dijo Donzelli.

De hecho, durante la última reunión paritaria con el Gobierno bonaerense, los gremios lograron incluir un Anexo al Acuerdo de 2023 con el objetivo de fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de las violencias, al tiempo que incorporar el tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzar las acciones que corresponden al Estado provincial. Además, se acordó realizar una campaña de difusión -aún en proceso- "Cuidemos a quienes enseñan", que incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.

En ese contexto, desde SADOP definen que la violencia es un problema social y un riesgo laboral que “activa obligaciones específicas del empleador, en tanto el deber de seguridad que le corresponde”. De esta manera, la organización deja en claro que las agresiones que sufren las y los docentes no son “problemas de convivencia o conflictos escolares” que deban resolver “en soledad” las y los trabajadores, sino que implican distintos niveles de responsabilidad de la comunidad educativa en su conjunto. 

"En momentos donde el Gobierno Nacional quiere imponer el individualismo, la violencia y la falta de diálogo, nosotros decimos que hay que encontrar momentos de pausa para el encuentro y el diálogo. Buscar y encontrar respuestas colectivas", explicó la secretaria general de las y los docentes de las escuelas de gestión privada en la Provincia. "No es una frase hecha: la escuela es un espacio vital de formación, que permite el encuentro necesario con otros. Por tanto, debe defenderse no solo en su sentido pedagógico sino en su componente social".

 

Es ley provincial la creación de Comités Mixtos en las escuelas

Así como en las fábricas, las escuelas bonaerenses que tienen 50 o más trabajadores, deberían contar con Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad. Lo establece la Ley provincial 14.408.

Los Comités son ámbitos que buscan prevenir riesgos, cuidar la salud y ambiente laboral y cumplir con normas de seguridad e higiene. Debería estar integrado por representantes de las y los trabajadores y del empleador en partes iguales.

Por tanto, su conformación en los colegios de gestión privada se vuelve una herramienta esencial para abordar, entre la parte sindical y la empleadora, las problemáticas antes mencionadas

“Ser docente es una vocación, pero también es trabajo con derechos”, aseguró la secretaria general de SADOP, al mencionar la importancia de la conformación de los Comités Mixtos dentro de las escuelas de gestión privada en pos de discutir condiciones de trabajo, pausas, seguridad laboral y todo lo que hace al cotidiano de la labor docente.

"Hay que dejar de naturalizar que el docente se enferme trabajando porque hay diversos ámbitos y herramientas para la prevención ", aseguró Donzelli sobre el conjunto de herramientas y acciones sindicales.

En sintonía, en el ámbito del Ministerio de Trabajo se creó la Mesa Intersectorial para discutir Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) integrada por representantes de los empleadores, Estado y sindicatos. Sin embargo, desde la pata gremial esperan una convocatoria formal para avanzar con la agenda de trabajo.

 

Repensar la escuela ante la baja de la natalidad en la Provincia de Buenos Aires

Según un Documento elaborado por la Subsecretaría de Planeamiento de la provincia de Buenos Aires en octubre de 2025, existe un retroceso demográfico desde 2016 en todo el país, lo que ya impactó en la matrícula de nivel inicial y, según proyecciones, se profundizará en otros niveles.

“Si se toma como punto de partida el año 2024, se puede prever que el descenso de los nacimientos reducirá la población asociada con la educación obligatoria (3 a 17 años) un 8% hacia 2027 y un 18% hacia 2030, lo que se profundizará en la década siguiente”, sostiene el mismo informe.

“Dentro de tres años, la población de la educación obligatoria se habrá reducido en 310 mil y, hacia 2030, en 720 mil, el equivalente a casi 30 mil secciones de 25 estudiantes. El descenso de esta población ya está impactando en el volumen de la matrícula de los niveles obligatorios, primero en nivel Inicial (desde 2019), luego en nivel Primario (desde 2022) y finalmente lo hará en nivel Secundario (desde 2028). Este descenso ya se observa en la menor matriculación en el nivel Inicial (aún con la cobertura creciendo) y en los primeros años de nivel Primario.

Esta situación impone el desafío sindical de sostener las fuentes de trabajo, al tiempo que mejorar y potenciar el sistema educativo.

De hecho, en la última acta paritaria de junio 2026, las y los docentes expusieron la preocupación por la realidad demográfica en retroceso y su impacto en las matrículas y el sostenimiento de cursos.

En el ambiente educativo es sabido que hay muchos buenos docentes y que hay otros tantos alumnos que los necesitan. De ese encuentro, algo bueno puede resultar. El desafío, entonces, es encontrar alternativas educativas que permitan equilibrar la baja natalidad con el cierre de cursos y el sostenimiento de las fuentes de trabajo docente.  Optimizar cargos y recursos para que, finalmente, las y los alumnos y docentes desarrollen aquel encuentro y, por ende, la enseñanza.  

Por tanto, una definición se desprende de lo descripto: el rol del sindicato trasciende la discusión salarial. Más bien, trata de proponer y defender mejores condiciones de vida y de trabajo. Quizás, por eso, el ensañamiento del actual Gobierno nacional con los gremios, con el sistema educativo en todos sus niveles y sus trabajadores y trabajadoras.

La complejidad que transita el sistema -con responsabilidades disímiles entre sus actores- invita a una discusión impostergable para el presente y el futuro. Todo, mientras la defensa del sistema educativo siga siendo un compromiso y un derecho, que no esquilme ni desdibuje a sus trabajadores y trabajadoras en el camino.