El gobierno de Axel Kicillof, a través del ministerio de Trabajo, que conduce Walter Correa, presentó la iniciativa que prevé establecer un piso de derechos para las y los trabajadores de las apps de delivery y transporte.
En ese sentido, la iniciativa del Ejecutivo plantea el acceso a la salud y la seguridad, transparencia en la determinación de los ingresos, acceso a microcréditos para el mantenimiento de las herramientas de trabajo y mejores condiciones para el desarrollo de la actividad.

Según precisaron desde la cartera laboral, el proyecto busca dar respuesta a una modalidad de trabajo en expansión, en un contexto de transformación del mercado de trabajo y crecimiento de formas de empleo sin protección.

A nivel nacional, se estima que entre 600 mil  y un millón de personas trabajan a través de aplicaciones. En la provincia de Buenos Aires se concentra gran parte de esa actividad, especialmente en el AMBA, donde se estima que se desempeñan cerca de medio millón de repartidores.

Actualmente, el algoritmo determina la organización del trabajo y el valor de cada tarea mediante criterios que no son transparentes para quienes prestan el servicio -relacionados a zonas, demanda y horarios-. Además, las y los trabajadores enfrentan dificultades para negociar sus condiciones laborales -desigualdad frente a las empresas-, sobre todo, frente a la vigencia de la reforma laboral que los excluye de la Ley de Contrato de  Trabajo, al eliminar la presunción de relación laboral (de dependencia, con derechos) y considerar a los trabajadores de plataformas como "independientes". 

En ese sentido, el proyecto de Kicillof que, según detallaron, se elaboró en articulación con distintas áreas de gobierno, encuentra respaldo en el denominado “fallo Rappi” de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que ratificó las facultades del ministerio de Trabajo para fiscalizar a las plataformas digitales y reafirmó el principio de primacía de la realidad para determinar la existencia de una relación laboral por encima de la denominación contractual utilizada. 

En este contexto, el proyecto establece un piso mínimo de derechos. Entre otras medidas, prevé la obligatoriedad de seguros por accidentes, cobertura médica y condiciones adecuadas en los centros de reparto. Las denominadas tiendas invisibles deberán contar con sanitarios, agua potable, espacios de descanso, puntos de carga para celulares y resguardo frente a las condiciones climáticas, bajo fiscalización del ministerio de Trabajo.

Otro de los ejes es la creación de una aplicación que permitirá acceder a un botón de emergencia en salud y seguridad, asesoramiento sobre derechos laborales y asistencia para distintos trámites vinculados con la actividad.

También, se prevé una articulación con el Banco Provincia para facilitar microcréditos destinados al mantenimiento y reposición de motos, bicicletas, cascos y demás herramientas de trabajo, fundamentales para garantizar la continuidad de la actividad.

 

"El gobierno de extrema derecha del presidente Milei excluyó a las trabajadoras y los trabajadores de las plataformas de la legislación laboral, dejándolos sin un marco de derecho”, apuntó el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, sobre las diferencias en el abordaje del mundo del trabajo entre la gestión provincial y la nacional. 

 

La iniciativa incorpora,además, los principales lineamientos surgidos de la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que reconoce a las plataformas como organizadoras del trabajo, plantea la necesidad de regular la gestión plural y establece que la protección social y los costos laborales deben ser asumidos por las empresas. Asimismo, toma como referencia experiencias regulatorias desarrolladas en países como España, México, entre otros.

 

“La Provincia viene participando de este debate global en la Organización Internacional del Trabajo y tomó sus recomendaciones para elaborar este proyecto. Lo que buscamos es que quienes hoy no tienen ningún tipo de derecho cuenten con un piso mínimo de protección”, valoró el Ministro en ese sentido. 

 

 

De esta manera, no sin resistencias y debate (como en ocasiones anteriores, en las que se intentó avanzar en este tipo de regulación) la iniciativa del Ejecutivo comenzará su ruta legislativa en la Comisión de Trabajo, que preside la senadora María Rosa Martínez.