El Sindicato Argentino de Docentes Privados de la provincia de Buenos Aires -SADOP- se declaró en alerta por la repetición de hechos de violencia en los ámbitos escolares y advirtió sobre la agresividad en aumento “hasta configurar delitos contra la integridad de las personas.

En ese sentido, el Consejo Directivo de SADOP, que conduce Adriana Donzelli, elaboró un plan de acción sindical “en defensa de condiciones dignas y seguras de trabajo para los y las docentes”, según precisaron.

“Hoy la violencia, lejos de ser un conflicto interpersonal es un problema social y un riesgo laboral que activa obligaciones específicas del empleador, en tanto el deber de seguridad que le corresponde”, definieron desde la organización, dado que, durante muchos años, las agresiones que sufrían las y los docentes eran consideradas “problemas de convivencia” o “conflictos escolares” que debían resolverse entre los trabajadores o con la “ayuda” de los dueños de los colegios privados.

En sintonía, consideran que en el mapa de conflictividad escolar existen “responsabilidades ineludibles” que recaen sobre la comunidad educativa -docentes, familias, propietarios de los colegios y el Estado-

En 2023 los sindicatos docentes suscribieron el Acuerdo Paritario sobre Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a los y las docentes, que materializa a nivel provincial el Convenio 190 de la OIT contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

El acuerdo persigue el objetivo de dar respuesta institucional, marco normativo y de acción a una necesidad de todo el colectivo de la educación. Conquista que refuerza la idea de que las y los docentes “no tienen que afrontar estas situaciones en soledad, como muchas veces sucede”.

Además, reconoce el derecho de las y los docentes a desempeñarse en ambientes seguros, a recibir asistencia institucional y protección ante una situación concreta de violencia o acoso. Valoración que deja en claro que “la violencia no constituye un riesgo inherente a la profesión docente, por lo que la escuela no puede exigir que el trabajador soporte agresiones como parte normal de sus funciones”.

Por tanto, desde SADOP denuncian que los hechos de violencia que se viven en las escuelas se encuadran en las definiciones y situaciones que contempla el documento internacional y, por tanto, el Acuerdo Paritario provincial, dado que la expresión “violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas (...) que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico(...)”.

En ese sentido, es importante aclarar que el concepto de violencia abarca: agresiones físicas, amenazas, hostigamiento y acoso laboral, violencia digital, simbólica, institucional y otras conductas que puedan afectar la dignidad profesional de las personas.

 

“Visibilizar, concientizar y comprometer a la comunidad en la erradicación de las violencias forman parte de la acción de SADOP”, ratifica el sindicato.

 

 

 Una obligación de las y los propietarios de las escuelas

 

En este marco, SADOP recordó que, en el caso de las escuelas de gestión privada, las y los propietarios tienen la obligación de prevenir riesgos, capacitar, investigar las denuncias presentadas por los docentes, adoptar medidas protectorias a favor de los trabajadores y de garantizar condiciones y medio ambiente de trabajo adecuados.

En ese sentido, apuntaron que “es urgente la necesidad de generar espacios de diálogo entre los responsables de las escuelas con los trabajadores y sus representantes sindicales a partir de la constitución de Comités Mixtos” en pos de elaborar, aplicar y dar seguimiento a las medidas de seguridad y salud en el trabajo, que aborden, fundamentalmente, situaciones de violencia y acoso en la escuela.

“Son los empleadores quienes deben promover las medidas tendientes para evitar la exposición del trabajador y la trabajadora a la situación de la violencia, sin sufrir represalias u otras consecuencias indebidas. Asimismo, asumir la responsabilidad en la denuncia de los delitos y el acompañamiento de la víctima, en resguardo de su integridad y del goce íntegro de sus derechos laborales”, dijeron desde el sindicato de la docencia privada.

 

La pata estatal

 

Por otra parte, el sindicato solicitó la convocatoria a la mesa provincial de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de las escuelas de gestión privada, con la presencia de las cámaras patronales y la Dirección General de Educación de Gestión Privada, en el ámbito del Ministerio de Trabajo.

 

“Entendemos que es de vital importancia trabajar conjuntamente, escuela, docentes, organismos del Estado y comunidad, en iniciativas que tengan eje en la prevención, para la erradicación de un fenómeno que no se debe naturalizar”.

“Atacar al docente es dañar al trabajador o trabajadora, pero también socavar la autoridad pedagógica, degradar la referencia institucional que representa la escuela, su valor social en tanto espacio privilegiado de construcción de ciudadanía, de aprendizaje de convivencia y de desarrollo tanto personal como colectivo”.

Al cierre, desde SADOP confirmaron que están desplegando las acciones necesarias para “acompañar y defender a cada docente de gestión privada” y que, en sintonía con los demás sindicatos del Frente de Unidad Docente que integran junto a SUTEBA; UDOCBA; AMET y FEB, repudian la violencia y pelean por ambientes saludables de trabajo y de aprendizaje.