Franco Bertolacci y Anselmo Torres, presidente y vice del Consejo Interuniversitario Nacional -CIN-, respectivamente, respondieron a la intimación que hiciera el ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, para que los rectores informen las medidas que llevan adelante para hacer frente a los paros que llevan adelante los gremios Docentes y NODOCENTES y "asegurar el derecho a la educación de los estudiantes". Todo, sin hacerse cargo del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que ya lleva más de 200 días sin ejecutarse. 

"Se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que se registra en universidades a lo largo del país", lanza la nota de Capital Humano, por lo que justifica la intimación a los rectores para que informen "un plan de contingencia, una garantia de acceso que incluya a los docentes que no adhieran a las medidas de fuerza y modalidades alternativas que permitan que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido, como herramientas virtuales o reprogramaciones, para que el alumno no pierda la regularidad ni mesas de examen", agrega. 

 

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Respuesta del @CINoficial al Sr. Subsecretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

El texto de la nota enviada se puede consultar en el link de nuestra bio 🔗 pic.twitter.com/gMatTMTDuG

— CIN (@CINoficial) April 29, 2026

 

En ese sentido, la autoridades del CIN confirmaron a los funcionarios del Gobierno "que las universidades permanecen abiertas, en funcionamiento y plenamente comprometidas con su misión institucional, garantizando —en el marco de sus posibilidades materiales y presupuestarias— el desarrollo de actividades académicas, administrativas, científicas y de extensión, así como el sostenimiento del derecho social a la educación superior pública".

Asimismo, recordaron que "toda consideración seria sobre la situación actual del sistema universitario exige reconocer el contexto estructural que lo atraviesa: el flagrante incumplimiento, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de la Ley de Financiamiento Universitario, expresión de uno de los consensos democráticos más amplios alcanzados por el Congreso de la Nación en materia educativa. Dicha norma no solo fue aprobada por mayorías contundentes, sino también ratificada por amplísimos acuerdos parlamentarios, incluyendo mayorías calificadas de dos tercios, constituyendo una manifestación institucional inequívoca de la voluntad soberana del Poder Legislativo".

"Desconocer o incumplir una ley de semejante legitimidad democrática no constituye un dato menor ni una mera controversia administrativa: implica una alteración profunda del principio republicano de división de poderes y coloca a las universidades nacionales en una situación de severa restricción financiera, salarial y operativa que impacta directamente sobre las condiciones materiales en las cuales debe garantizarse el derecho constitucional a enseñar y aprender", destaca la nota del CIN.

 

Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/RgmcVe588B

— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) April 27, 2026

 

En tanto, sin mencionar el incumplimiento de la Ley de Financiamiento, Capital Humano asegura: "La situación descripta reviste especial gravedad, ya que los recursos presupuestarios nacionales se encuentran orientados al cumplimiento de los fines educativos que la normativa vigente impone. El sostenimiento financiero por parte del Gobierno nacional exige, como condición necesaria, la operatividad del sistema y la protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender". 

Por su parte, el CIN insiste en que "resulta imprescindible señalar que cualquier afectación a la normalidad plena del sistema universitario no puede analizarse de manera aislada ni atribuida unilateralmente a las instituciones universitarias, como si estas fueran responsables originarias del conflicto. La situación de tensión que atraviesa el sistema deriva, en lo sustancial, del incumplimiento estatal de obligaciones legales expresamente establecidas por el Congreso Nacional".

 

 

Cabe recordar que la Ley de Financiamiento fue sancionada por el Congreso y vetada por el Ejecutivo en dos oportunidades: octubre 2024, donde  se mantuvo el veto por la imposibilidad de contar con los dos tercios en Diputados para superar el veto; y en septiembre 2025. Finalmente, en octubre 2025, el Senado ratificó la norma y rechazó el veto. Por lo que es Ley promulgada -27.795-, pero sin ejecución, desde el 21 de octubre de 2025 por parte del Ejecutivo. Es decir, el presidente la promulgó, pero suspendió su aplicación por decreto "hasta que se definan las fuentes de financiamiento" -que no fueron incluidas en el Presupuesto 2026-. 

A través de la nota, el CIN expresa la crítica situación que atraviesa el sistema universitario, al tiempo que refuerza la idea de intstituciones abiertas y activas pese al contexto:

"Nuestras instituciones continuarán, como lo han hecho históricamente, arbitrando todos los medios a su alcance para preservar la educación pública, asegurar el funcionamiento institucional y garantizar derechos, pero resulta igualmente necesario subrayar que ninguna exigencia de operatividad puede desvincularse de la obligación primaria e indelegable del Estado nacional de cumplir con el financiamiento legalmente establecido.

"Las universidades nacionales no son la causa de esta crisis; son, por el contrario, instituciones que sostienen, con enorme esfuerzo cotidiano de su comunidad, el funcionamiento del sistema aun en un escenario de extrema precariedad como el actual, producto del incumplimiento presupuestario por parte del propio Estado.

Hacia el final, ratifican "su disposición al diálogo institucional, el respeto irrestricto de la Constitución Nacional, de la autonomía universitaria y de las leyes vigentes; así como su convicción de que la defensa de la educación pública exige asumir el cumplimiento efectivo de las obligaciones legales y presupuestarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional".

En este marco, la comunidad universitaria exige al Gobierno el cumplimiento de la Ley y agenda la realización de la cuarta Marcha Federal Universitaria el próximo 12 de mayo, a Plaza de Mayo. Oportunidad en la que se espera una nueva muestra de respaldo social a la Universidad y a la Educación Pública.