

"El acceso a la vivienda no puede depender exclusivamente del mercado. El Estado debe asumir un papel central en la implementación de políticas habitacionales que garanticen derechos y soluciones sostenibles a largo plazo", analizó el Defensor del Pueblo de Lanús, Facundo Mancebo, al informar sobre la intervención de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) en el conflicto generado por la disolución del programa PRO.CRE.AR, anunciada por el Gobierno Nacional, a través del Decreto Nº 1018/2024. Decisión que deja en evidencia el déficit habitacional en el país, lo que generó preocupación entre los beneficiarios del Programa, especialmente, por la falta de soluciones claras para las familias afectadas.
En respuesta a la nota presentada por ADPRA, el Gobierno justificó la medida argumentando que el programa no fue suficiente para reducir el déficit habitacional, que actualmente alcanza los 3,5 millones de viviendas. Asimismo, el informe detalló que las políticas implementadas no lograron un impacto significativo, mencionando que, en promedio, solo se entregaron 1.700 viviendas anuales y se otorgaron 12.000 créditos, muchos de ellos para complementar otros préstamos.
La propuesta del Gobierno incluye la transformación de los créditos hipotecarios en préstamos personales, con una tasa de interés del 0 por ciento y sin garantías hipotecarias, una medida que, según el Ministerio de Economía, fue aceptada por el 63 por ciento de los beneficiarios. Sin embargo, desde ADPRA, Facundo Mancebo, defensor del pueblo de Lanús e integrante de la Comisión Directiva de la Organización, expresó su preocupación por el impacto de estas medidas sobre las familias que confiaron en el programa como una solución definitiva a la falta de vivienda.