Luego de un maratónica sesión, atravesada por la visita de Diputados y Diputadas a Genocidas alojados en la cárcel de Ezeiza y por la violencia de género que habría sufrido Fabiola Yáñez, por parte del expresidente, Alberto Fernández, la Cámara baja aprobó , la declaración de la "educación obligatoria como servicio estratégico esencial", con 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones. Ahora será el turno del Senado el que sancione o frene la iniciativa.
"La educación es un derecho, no un servicio", definió el diputado de extracción sindical y docente, Hugo Yasky, que recordó la lucha en los ´90 con la instalación de la Carpa Blanca y sus resultados -FONID y Ley de Financiamiento Educativo. 

"Hoy será recordado como un día infame porque se les va a quitar el derecho a los maestros a luchar por sus derechos", definió Alejandro Vilca -diputado del FIT-.

En tanto, los que acompañaron, fundamentaron su voto en reducir el ausentismo docente y garantizar los días de clases. En ese sentido, fue el titular de la Comisión de Educación,  Alejandro Finocchiaro -PRO- el que avisó de entrada: "Vamos a regular el derecho a huelga, que es materia federal" y justificó: "Este proyecto beneficia a todos y no perjudica a nadie. Se trata de encontrar un equilibrio: para que los chicos sean educados en las escuelas sin cercenar el derecho a huelga". 

La iniciativa declara a la Educación Obligatoria como Servicio Estratégico Esencial en todo el territorio nacional -no hace falta que las provincias adhieran porque la norma regula el derecho a huelga, que es federal- para garanizar el cumplimiento del ciclo lectivo 2024 -fijado en 191 días de clases-, pero limitando el derecho a realizar medidas de acción gremial de las y los Docentes y No docentes, que lo hacen por mejoras en las condiciones salariales y laborales.  

Asimismo, la norma establece que el Estado Nacional y las provincias deben garantizar el cumplimiento del ciclo lectivo y el derecho alimentario que se brinde en los establecimientos, motivo por el cual los días que se llevan adelante medidas de acción sindical, se deberán organizar guardias mínimas de personal (desde un 25 por ciento para medidas de fuerza que duren uno o dos días) y  de un  50 por ciento si la medida se extiende más de tres días. 

En ese sentido, la diputada del FIT, Vanina Biasi, avisó: "Regular el derecho a huelga tiene un claro contenido político. Después, los Docentes se las van a arreglar para protestar. Desde acá vamos a defender  a la docencia y su derecho a huelga. Va a haber más paros, más luchas para pelear contra este gobierno hambreador". 

La iniciativa, además, contó con rechazo de las y los gremios Docentes y No Docentes, que se movilizaron a las inmediaciones del Congreso Nacional para alertar sobre los riesgos de aprobar la iniciativa.

 

 

El secretario General de UDOCBA, Alejandro Salcedo, había advertido a este medio sobre el objetivo del Gobierno de  "coartar el derecho a huelga y la libertad sindical" al promover la esencialidad educativa. "Con distintos mecanismos, este Gobierno quiere debilitar a los sindicatos para, al final, bajar salarios o costos laborales, como ellos lo ven". 
Con la media sanción, el dirigente y miembro del Consejo Directivo de la CGT adelantó: "Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no se apruebe en el Senado porque es una norma inconstitucional. La OIT definió que la Educación no puede ser considerada esencial porque restringe el derecho de huelga".

Por su parte, desde SADOP, que a nivel nacional conduce Marina Jaureguiberry, expresaron que declarar "esencial a la educación es degradar su condición de derecho". 

"Repudiamos este proyecto y defendemos una educación pública, inclusiva y de calidad. Por salarios justos, dignas CyMAT. mayor inversión educativa y restitución del FONID", expresan. 

 

🔴 COMUNICADO

📢 Desde Sadop ratificamos nuestra postura frente al Proyecto de Ley que busca declarar a la educación como un “servicio estratégico esencial”, degradando su condición de derecho.#Sadop #DocentesPrivados #Educacion #ServicioEsencial #Derechos pic.twitter.com/8dCmcCiPCK

— Sadop Nación (@sadopnacion) August 15, 2024

 

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Luego, el debate continuó con cuestiones de privilegio, tal como había sucedido antes. 

Finalmente, el radicalismo con el apoyo de Unión por la Patria y Encuentro Federal logró aprobar el proyecto de Ley de Financiamiento de las Universidades Públicas Nacionales, hoy en pie de guerra con el Gobierno de Javier Milei por el ajuste salarial de las y los Docentes y No Docentes y el recorte de Programas y Becas, más la pelea por la actualización y restitución de los Gastos de Funcionamiento que el Gobierno giró luego de la masiva marcha del 23 de abril. 

La iniciativa obtuvo media sanción con 143 votos a favor, una abstención y  77 en contra -La Libertad Avanza / PRO-  que sostienen que atenta contra el déficit cero que se trazó el Gobierno Nacional. Si el Senado la sancionara, el presidente Javier Milei podría vetarla. 

 

El debate sobre el financiamiento universitario ocurrió mientras las y los Docentes y No Docentes culminaban 72 horas de paro y jornadas de visibilización del conflicto, iniciado por el reclamo de mejoras salariales y la recuperación de la Mesa paritaria como ámbito de discusión y debate, que suspendió el inicio del segundo cuatrimestre en las Casas públicas de Altos Estudios. 

En tanto, la propuesta girada al Senado contempla la actualización bimestral del presupuesto, conforme al índice de inflación oficial (IPC, medido por el INDEC). Y los salarios de las y los trabajadores universitarios deberán actualizarse de manera mensual conforme al IPC -a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho periodo. 

Desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024 deberán actualizarse los salarios de forma mensual y conforme a la inflación oficial. Este mecanismo de recuperación salarial no trendrá vigencia "siempre y cuando, las paritarias a nivel general del sector docente y no docente para el año 2024 sean acordadas y rubricadas por el Poder Ejecutivo nacional y las Federaciones que representan a los trabajadores de la Educación superior y las escuelas pre universitarias". 

Además, establece los mecanismo de Auditoría -conforme a los términos del artículo 59 bis de la ley 24.521- cuyos informes y observaciones serán remitidos al Congreso de la Nación, así como también el plan de seguimiento y control. Y contempla la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.

 

 

Por su parte, la Federación Nacional de Docentes Universitarios -CONADU/CTA- celebró la media sanción de la Ley. "Luchar sirve", definieron. 

"La lucha que venimos sosteniendo en estos meses, con asambleas, marchas, paros e innumerables acciones de visibilización y protesta, ha dejado en claro que la situación es crítica, y que nuestras demandas cuentan con el apoyo contundente de la mayoría de la población, que entiende la causa de la defensa de la universidad pública como la reivindicación del derecho colectivo a construir una vida mejor para todes", agrega.

"Así lo evidenció la histórica movilización del 23 de abril que congregó más de un millón de personas en Buenos Aires y en todo el país. Así lo demuestra la altísima adhesión a la medida de no inicio del segundo cuatrimestre con la jornada de lucha y paro de 72 horas que acabamos de concluir". 

En tanto, la CONADU exige al Gobierno Nacional "la pronta aprobación del proyecto" y advierte al Poder Ejecutivo que tomará una actitud vigilante para que se cumpla estrictamente la Ley.  

Asimismo, el espacio gremial insiste en la restitución del FONID y rechaza la declaración de esencialidad de la educación.

"Esta pretensión, claramente inconstitucional, no se dirige a resolver ningún problema real de la educación, sino a disciplinar la organización colectiva que se da legítimamente la docencia en sus sindicatos, y a limitar el derecho democrático a la protesta".

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Al cierre de esta edición, CONADU realizó nuevo Plenario de secretarias y secretarios Generales, donde definió "por unanimidad convocar a un nuevo paro de 48 horas para el  20 y 21 de agosto, tal como se había acordado hace unos días en el Frente Sindical Universitario. Asimismo, proponer la realización de una nueva Marcha Nacional Universitaria para la semana del 9 al 13 de septiembre.