“La restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que quedaba afuera del dictamen de mayoría, y que fue incluido por lo bajo a minutos de la votación en el recinto, muestra a las claras que este gobierno no tiene palabra, códigos, nada”, disparó al comienzo el secretario General del SECASFPI, Carlos Ortega, que viene denunciando la intención del Gobierno Nacional de “rematar” los recursos de las y los trabajadores y jubilados.  “Parece que, nuevamente, el Gobierno tiene la posibilidad de desangrar totalmente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por eso, nosotros vamos a seguir peleándola”, insistió.   

Luego de tres jornadas de discusión en el recinto de la Cámara de Diputados, y de represión a los manifestantes, jubilados y trabajadores -incluso a los de prensa- en las inmediaciones del Congreso, la Ley ómnibus obtuvo media sanción en general con 144 votos a favor, 109 en contra y ninguna abstención.

Al filo de la votación, durante la jornada del viernes, entre varias irregularidades y faltas al reglamento de la Cámara, el oficialismo apuró la media sanción en general y contó con el apoyo de la oposición “dialoguista” para eso. La Libertad Avanza cuenta con 38 legisladores y legisladoras, pero el PRO y la mayoría del radicalismo -salvo Manes y Pablo Juliano-, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, dieron su “voto positivo” a la iniciativa del Poder Ejecutivo. En ese marco, casi al pasar, el oficialismo restituyó el artículo 196 -que había sido quitado durante las negociaciones para la media sanción de la Ley- y por el cual el gobierno nacional vuelve a la carga con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad -FGS-, que sostiene el sistema previsional y de seguridad social.

 

“Lo que deja al descubierto la inclusión del artículo 196, que había sido descartado de la ley, es que este Gobierno responde a un plan de negocios, no a un plan de gobierno, a una exigencia más de los grupos concentrados que quieren obtener las acciones del FGS a un precio vil en detrimento del pueblo trabajador”, destacó.  

 

En tanto, así el panorama, el Secretario General del SECASFPI calificó de “mamarracho” el tratamiento y la media sanción que el proyecto del Ejecutivo obtuvo en la Cámara de Diputados. “Votaron a libro cerrado, sin tener a la vista el Dictamen de mayoría, sin saber lo que se estaba aprobando. Es un verdadero escándalo lo que sucedió. Una falta de respeto a la democracia, al conjunto de trabajadores y jubilados”, sostuvo.

“Es una vergüenza absoluta destruir el Sistema jubilatorio, de previsión y de Seguridad Social en su totalidad porque el Fondo de Garantía no solamente abarca las jubilaciones sino, también, pensiones, prestaciones sociales y sostiene proyectos productivos”, explicó sobre la importancia de resguardar los recursos que garantizan la continuidad del Sistema y los derechos adquiridos.

“Veremos qué hacen el martes aquellos legisladores y legisladoras que prometieron que no iban a votar esto porque, evidentemente, al Gobierno no le dan los números para poder avanzar con esta locura”, consideró Ortega sobre el debate que se retomará este martes -para la votación en particular del articulado-, con el objetivo del oficialismo de que sea girado al Senado lo antes posible, aunque todavía no tenga los votos. Y avisó: “Tenemos muy poca confianza en lo que pueda suceder porque, a pesar del mamarracho, los Diputados acompañaron igual un dictamen que desconocían”, por lo que exigió a la CGT a convocar “ya” a un paro general.

 

 

 

“Como Secretario General de un gremio confederado a la Central voy a exigirle a la conducción de la CGT que haya un paro general”, subrayó.

 

“No es en tono de amenaza, sino en tono de realidad. No esperamos más que otro mamarracho de esos legisladores y legisladoras. Por eso, no podemos descartar una medida de acción para frenar este ajuste y remate de la Patria”, argumentó.

“El Movimiento Obrero tiene que salir a luchar en conjunto. Por suerte, hoy todos los lineamientos del Movimiento Obrero coinciden, coincidimos, en que esta Ley y este atropello no pueden pasar”, aseguró, al tiempo que dio por “agotada” la instancia de dialogo que, en la previa al debate en la Cámara, la CGT había iniciado con las y los legisladores de los distintos bloques para que rechacen el paquete de leyes y el DNU 70/2023 -que aguarda ser abordado, inicialmente, en el Senado-.

“Nosotros vamos a pelear por la subsistencia, no solo de lo individual, sino, también, de lo colectivo”, anunció. Y precisó: “Por los miles y miles de jubilados que van a quedar afuera porque no va a haber más moratorias, por las AUH que no se van a cobrar más, por los trabajadores que van a estar disciplinados de acuerdo a la cantidad de despidos, lo estamos viviendo en la ANSES, donde despidieron a casi 500 personas, con una paritaria de hambre del 16 por ciento. Es una vergüenza generalizada. Esto no se puede soportar”.

“El mismo martes, si se vota la ley tal cual está hay que declarar un paro. No queda otra, un paro general con movilización y acciones que respalden, al menos, la defensa de los compañeros, compañeras y sus derechos”, insistió.

 

Despidos y cierre de oficinas de la ANSES

 

En otro orden de cosas, el Secretario General del Sindicato de las y los Trabajadores de la Seguridad Social, se refirió a los más de 470 despidos que se produjeron en el Organismo y el consecuente cierre de siete oficinas -a nivel país-, que ya no cuentan con personal para el funcionamiento.

“Al seguir las indicaciones de (Sandra) Pettovello, la ministra de Capital Humano, de despedir a todos los trabajadores y trabajadoras que ingresaron en 2023, se hizo un desastre, se dejaron oficinas sin atención”, comentó y citó el caso de Sauzalito -Chaco-. “La decisión del Gobierno de cerrar las oficinas de esa localidad, con el despido de sus trabajadores, es decidir matar a los vecinos y vecinas de inanición. El Estado tiene que estar presente en esos lugares inhóspitos, donde no entran otros sectores más que para explotar las riquezas y recursos”, sostuvo en analogía con el film Quebracho -que narra la historia de La Forestal, empresa inglesa de explotación del quebracho colorado, instalada en la Argentina desde 1900 hasta 1963, y las luchas políticas, sociales y sindicales que generó-. “No es casual, no es ingenuo el cierre de esta oficina, que existió para subsanar las diferencias sociales que genera el mercado. Es una barbaridad lo que están haciendo”.

 

“Les molesta que haya un Estado presente para controlar, para nivelar las diferencias sociales que genera el mercado, esto es lo que hay que seguir discutiendo con el conjunto de la sociedad”.

 

 

 

Plan de lucha del SECASFPI

 

Tras ese escenario sectorial, Ortega ratificó que el Sindicato persiste en Estado de Alerta y Asamblea Permanente, con una tríada de luchas: la reincorporación de las y los trabajadores despedidos de la ANSES, el 16 por ciento de aumento salarial que el gobierno pretende convalidar para el sector, en una conflictiva coyuntura, y la defensa del FGS.

“No nos vamos a callar porque sería ceder ante esta bravuconada de parte del Gobierno de (Javier) Milei”, indicó y explicó ante el revoleo de cifras: “Cuando finalizó la gestión de Fernanda Raverta al frente del Organismo había 13.800 empleados, con el Gobierno de Macri había 14.500. O sea, Raverta se fue con 700 empleados menos. Así que eso de que había una superpoblación es mentira. La única es verdad es la realidad. Como decía Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados, no quieren hablar de datos porque no tienen ningún dato real”.

Asimismo, el dirigente adelantó que se encuentra en análisis la posibilidad de un paro y movilización de las y los trabajadores de la Seguridad Social para la próxima semana al calor de la tríada de luchas. Sin embargo, aclaró y cerró: “Será una jornada de lucha y visibilización porque es necesario explicarle a la ciudadanía lo que está pasando, lo que está en juego, porque es muy fácil hablar de estos temas como si fueran lejanos a la realidad de cada uno, pero que, desde el vamos, impactan en la vida de las y los argentinos. No es una lucha sectorial”.