"Una vez más, desde la presidencia de la Nación, Javier Milei desoye lo que el pueblo dijo en las calles y lo que votó y refrendó el Congreso, a pesar del intento de veto", definió el secretario general de ADUNA, Ricardo Petraglia sobre la demora del Ejecutivo en promulgar la Ley de Financiamiento Universitario (27.795, ratificada el pasado 2 de octubre por el Congreso) y la dilación en aplicarla, dado que la suspende hasta que el Congreso defina el Presupuesto 2026 y "determine las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general".
En este marco, y en concordancia con la definido por el Plenario de secretarios y secretarias generales de CONADU, ADUNA está realizando, este martes 21 de octubre, una jornada de protesta y visibilizacion del conflicto y agendan un paro de 24 horas para este miércoles 22, sin concurrencia a los lugares de trabajo.
La Ley de Financiamiento estipula una recomposición presupuestaria y salarial de las y los Docentes y No Docentes conforme al IPC, además de actualizar gastos de funcionamiento, programas, formación, becas, entre otros. Y la convocatoria periódica a la Mesa de negociación Paritaria, discontinuada desde diciembre 2023. 

Cabe recordar que el salario de las y los trabajadores conforman el 90 por ciento del presupuesto del sector, que funciona con el de 2023 prorrogado, lo que plantea complicaciones y riesgo de continuidad del sistema dada la creciente inflación y la devaluación continua del peso. 
En este contexto, las y los Docentes Universitarios llevan perdido más del 50 por ciento del poder adquisitivo del salario, según precisó Petraglia, lo que ubica a muchos trabajadores y trabajadoras por debajo de la línea de la pobreza, los empuja a emprender para llegar a fin de mes o los expulsa hacia otras actividades, tal vez, más rentables.

"El gobierno reconoce, aunque los números se le trastocan un poco, de que hay alrededor de 40 % de retraso salarial. Aunque ninguna persona puede sobrevivir dignamente teniendo un deterioro, en menos de dos años del 40 % de su ingreso", disparó el dirigente sobre el reconocimiento que realizara el Ejecutivo en torno a la pérdida salarial de las y los Docentes y No Docentes en el Decreto 647/2025 por el que vetó la norma y en el de promulgación de la Ley, publicado hoy en el boletín oficial -D759/2025-.

Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano autorizó un aumento del 7.5 % entre septiembre y noviembre para las y los Docentes y No Docentes. Porcentaje "insuficiente" para resolver el conflicto que agrava las condiciones de vida de las y los trabajadores, las de estudio de las y los alumnos y la continuidad del Sistema de Educación Superior.