En junio de 2023, Gremios Docentes de la Provincia de Buenos Aires acordaron con el Gobierno de Axel Kicillof el Acuerdo Paritario de Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a los trabajadores y trabajadoras docentes. El mismo promueve un marco de aplicación para el sistema educativo bonaerense que cuenta con dos patas -el público y el privado- y se hace eco del primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género: el Convenio 190 de la OIT y su Recomendación 206, que Argentina ratificó a través de la ley 27.580 y data de 2020.

Ante la proliferación de discursos violentos y misóginos por parte de las máximas autoridades del país, su impacto en la vida cotidiana de las personas y el aumento de hechos de violencia que se inocula a los colegios, desde el SADOP Buenos Aires consideran que “es urgente” la implementación del Acuerdo Paritario de Resguardo y Reparación en las escuelas de gestión privada, con sus particularidades y actores, en pos de guiar y promover iniciativas que prevengan, erradiquen, resguarden y reparen a las y los docentes por hechos de violencia -definidos en los términos del Convenio 190: como “comportamientos o prácticas inaceptables que causen o sean susceptibles de causar un daño psicofísico o económico, incluyendo la violencia y el acoso por razones de género”.

“Es fundamental involucrar a todos los actores de la comunidad educativa, cada uno con una responsabilidad definida, para poder prevenir la irrupción de violencia y si no es posible identificarla previamente, poder contenerla, abordarla, con cuidado y discreción para proteger la integridad de las personas involucradas”, apuntó la secretaria General de SADOP Buenos Aires, Adriana Donzelli, tras el objetivo de aportar a la construcción de “ambientes saludables de trabajo”.

En ese sentido, existen antecedentes normativos que persiguen y refuerzan ese propósito: la Ley de Contrato de Trabajo -20.744, artículos 83 y 84-; la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires -13.688- ; la ley 14.408, que establece le creación de los Comités Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad en el Empleo; la 24.557 sobre Riesgos del Trabajo, más las Resoluciones dictadas por la Dirección General de Cultura y Educación. Reglas que, dada la realidad que transitan las escuelas bonaerenses, no deberían permanecer como letra muerta.

Por tanto, SADOP informó que se encuentra trabajando en la aplicación del Acuerdo para “fortalecer el vínculo entre la comunidad y la escuela, ya que ésta es la caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad”, indicó Donzelli y en simultáneo instó a recuperar “la autoridad docente en el buen sentido: el valor de quien está al frente de la responsabilidad de la educación”, como un modo de contrarrestar la violencia no solo material sino, también, simbólica que alimenta el Gobierno Nacional -con la discontinuidad del FONID y la Paritaria Nacional Docente- más la campaña de estigmatización y hostilidad hacia el sistema educativo y sus trabajadores y trabajadoras que, en varias oportunidades, habilitaron violencia física dentro del aula o en la calle.

“La violencia puede ser entre pares, de la comunidad hacia las y los docentes o de las autoridades escolares hacia las y los maestros: en la escuela, fuera de ella, o en razón del trabajo -acoso vía redes o TIC´s, por ejemplo-”, explicó sobre el mapa de coacciones que sufre el sector y que contempla el Acuerdo. Además, la sobrecarga de tareas, el límite difuso entre horario laboral y la vida privada -las y los docentes llevan trabajo a casa- y la sensación de peligro o amenaza por el solo hecho de ir a enseñar forman parte de un combo que configura violencia para las y los maestros. “Son riesgos que afectan la salud y el ambiente laboral, que deben detectarse y abordarse con seriedad, con el compromiso de todos los actores”, insistió la dirigente, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de contar con “respuestas adecuadas para cada caso” y rechazó la renuncia o desvinculación del docente como respuesta. “Así como queremos cuidar la integridad de las y los maestros, queremos cuidar los puestos de trabajo. La renuncia no puede ser la solución”, dijo.

En tanto, definió como “fundamental” generar dispositivos de control y capacitación; instancias de debate y encuentro de toda la comunidad educativa -familia, autoridades, empleadores y funcionarios- en pos de prevenir y erradicar violencias y desarrollar una comunicación “asertiva y cuidada de lo que quiere comunicarse sobre tal o cual caso”. “Si la escuela no da la contención y el acompañamiento necesario, la violencia se profundiza, se multiplica”, definió con la vista puesta en “la construcción de escuelas libres de violencia”, objetivo que, de máxima “redunda en una mejor educación y nos beneficia a todos”, concluyó la secretaria General.

Al cierre de esta edición, SADOP reforzaba la difusión del Acuerdo entre sus delegados y delegadas, mientras destacaba la necesidad de articular con todos los actores involucrados su pronta implementación.