Con 49 firmas: 34 de Unión por la Patria, 4 de Encuentro Federal, 6 de Democracia para Siempre, 2 de la Coalición Cívica y 3 de Innovación Federal, la Cámara de Diputados emitió un dictamen de mayoría sobre la Ley de Financiamiento Universitario, que cuenta con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional -CIN-, el Frente Sindical y la Federación Universitaria Argentina -FUA-. De hecho, en la previa, presentaron ante las y los Diputados más de un millón de firmas que recolectaron en respaldo a la iniciativa, que prevé actualizar Presupuesto, salarios Docentes y No Docentes, entre otras partidas, conforme a los índices oficiales de inflación.

Sin embargo, tal como sucedió en octubre de 2024, el Ejecutivo volvería a vetarla bajo el pretexto de que atenta contra sus objetivos de déficit cero.

Entre sus principales puntos, el proyecto estipula:

-Recomposición presupuestaria 2024: El Poder Ejecutivo debe actualizar al 1 de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las Universidades públicas nacionales, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.

-Actualización presupuestaria bimestral desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo al IPC informado por el INDEC.

-Convocatoria a Paritaria Nacional: El Poder Ejecutivo deberá convocar a la negociación paritaria, con una periodicidad que no exceda los tres meses y actualizar los salarios de las y los Docentes y No Docentes entre el período establecido entre el 1 de diciembre 2023 hasta la sanción de la Ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al IPC en el mismo período. Todo aumento deberá ser remunerativo y bonificable.

- Recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles, según el IPC, en el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 hasta el momento de la sanción de la Ley.

-El Ejecutivo destinará una partida especial para regularizar los ingresos a la carrera de investigador científico y becas postdoctorales.

-Ratifica que la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos.

Asimismo, el Proyecto se refiere a su eventual financiamiento: El Ejecutivo actualizará el presupuesto destinado a las Universidades públicas a partir del 1° de enero de 2025, para asegurar que puedan seguir funcionando correctamente. Esta actualización de fondos no va a afectar el dinero que se reparte a las provincias a través de la coparticipación federal, ni tampoco los Aportes del Tesoro Nacional (fondos que se destinan a situaciones especiales o de emergencia en provincias o municipios).

Además, para cubrir el Financiamiento Universitario se podrá usar el dinero adicional que el Estado haya recaudado en concepto de ingresos corrientes (como impuestos), en caso de que esos ingresos superen lo que originalmente estaba previsto en el presupuesto.

Si bien la oposición pudo avanzar en la Cámara baja con el dictamen de mayoría, aún no hay fecha para su tratamiento en el recinto, ya que está pronto a iniciar el receso invernal y se agudizan los conflictos gremiales en el transporte -lo que dificulta el quórum, por el arribo de los Diputados del interior al Congreso-. Sin embargo, podría tratarse en sesión especial a fines de julio, principios de agosto, según informaron fuentes legislativas.