El próximo 8 de abril finaliza la concesión de Caminos del Río Uruguay -CRUSA- por lo que desde el SUTPA se presentan en Estado de Alerta y Movilización ante el peligro de perder 500 puestos de trabajo en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires.

Si bien el Gobierno Nacional anunció que, a partir del 9 de abril, Vialidad Nacional tomará posesión de las trazas concesionadas -Rutas 12, 14 y 174- y llevará adelante las tareas de mantenimiento hasta que finalice el proceso de licitación y se otorgue una nueva, nada expresó sobre la continuidad laboral de las y los trabajadores, lo que genera incertidumbre.

“Los trabajadores y trabajadoras de peajes estamos en Alerta y Movilización. Entendemos que no son 500 trabajadores y trabajadoras nada más, somos los 7.000 que formamos el SUTPA y todos vamos a defender a esas 500 familias, que se van a quedar sin ingresos y a hacer todo lo posible para que eso se revierta”, indicó a este medio la secretaria General del SUTPA, Florencia Cañabate.

Asimismo, desde el Sindicato calificaron como “inadmisible” la decisión del Gobierno en cuanto al rol de Vialidad en el proceso.  “No podemos olvidarnos de lo cuestionado que está dicho organismo que no se hace cargo de las rutas que administra; mucho menos podría hacerlo de las que podría llegar a incorporar próximamente, las cuales son de vital importancia para la conexión terrestre con el Mercosur”, agregaron.

Además, SUTPA cuestionó la decisión del Gobierno de que “Vialidad Nacional levante las barreras de peaje entre el período de finalización del actual contrato y el inicio de los siguientes”, según informó la administración nacional mediante un comunicado. “Esto llevaría a no cobrar peaje por tiempo indeterminado y con ello la calidad de estas rutas, ya en pésimas condiciones, empeoraría aún más”, avisaron desde el Sindicato, al tiempo que agregaron: “Con el fin del contrato de concesión de dichas rutas, las consecuencias no sólo impactarán en los trabajadores de peajes, sino que también afectarán a las economías regionales, desfinanciando todo un sistema que depende de la correcta administración y mantenimiento de estas vías de comunicación”.

Así el panorama, el Gobierno, además, comunicó que Vialidad Nacional llevará adelante el mantenimiento de los caminos y la operación de los servicios de emergencia que se prestan al usuario – puesta a punto de trazas, corte de pastos y desmalezado de banquinas, provisión y colocación de mezcla asfáltica en caliente, remolques, grúas, señalización, entre otras-.

Sin embargo, la secretaria General del SUTPA, Florencia Cañabate retrucó esa información: “Tengamos en cuenta todas las tareas que realizan los trabajadores y trabajadoras de Caminos del Río Uruguay son las tareas que no pueden realizar, por falta de presupuesto, por falta de inversión, y por falta de obra pública, los trabajadores y trabajadoras de Vialidad”. Y agregó: “Tenemos un gobierno que dice que no va a invertir en obra pública e incluye la ruta del Mercosur dentro de un organismo que depende directamente del Poder Ejecutivo. No es serio, es una contradicción absoluta”.

En tanto, Cañabate repasó las propuestas de solución que, como Sindicato, acercaron al director de Vialidad, Marcelo Campoy y a la Secretaría de Transporte en pos de que haya continuidad laboral para los 500 trabajadores y trabajadoras. Entre ellas, que “Corredores Viales, la mayor concesionaria de autopistas, que pertenece al Estado Nacional, absorba la explotación y por consecuencia mantenga las fuentes de trabajo de los hoy trabajadores y trabajadoras de Camino del Río Uruguay o que se prorrogue el contrato unos meses hasta que comience la nueva concesionaria”. Sin embargo, las opciones no tuvieron eco. “Entiendo que no hubo aceptación de ninguna de las propuestas porque no hay voluntad política. Con voluntad política este problema ya podría tener solución”, analizó la Secretaria General.

“Espero que los responsables de este proceso licitatorio tomen en cuenta que estamos perjudicando a miles y miles de argentinos que se están matando en la ruta. No podemos seguir dejando la vida de los usuarios en manos de nadie”, dijo.

En ese sentido, insistió sobre la gravedad de la situación, no solo por el impacto de la pérdida de fuentes laborales sino, también, por las fallas del sistema vial y la seguridad para usuarios y trabajadores del sector. En ese sentido, se refirió al atraso tarifario -de alrededor del 300 por ciento- que afecta a las empresas concesionarias desde 2018 a la actualidad, más “el incumplimiento de los aumentos prometidos por el Gobierno de La Libertad Avanza”.

“Sin tarifa todo el sistema se resiente: la inversión en la concesión y el salario de las y los trabajadores”, definió Cañabate y explicó: “El sistema de concesiones viales se mantiene con tarifas, las obras se pueden hacer con tarifas, si no hay tarifa, el sistema vial es un sistema en decadencia. El sistema de concesiones viales quizás es muy criticado, pero funciona en todas partes del mundo, como lo decía el otro día frente a la Comisión de Obras Públicas, con seguridad jurídica para los empresarios, con trabajo de calidad para los argentinos, con una tarifa previsible que sirva no nada más para el mantenimiento de la ruta, sino para la ampliación de la red vial argentina”.

“No estamos a favor de lo público ni de lo privado. Estamos a favor de empresas eficientes que puedan realizar las tareas por las cuales han ganado la concesión”, agregó.

Hacia el final, Cañabate exigió: “Espero que el Gobierno entienda, recapacite y tome conciencia de que tiene que haber una solución de continuidad entre Caminos del Río Uruguay y la próxima concesionaria. No solamente por las 500 fuentes de trabajo, sino también por la seguridad de los usuarios”.