El Gobierno Nacional consiguió el respaldo para sostener el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que, el Senado había sancionado el 13 de septiembre. Con 160 votos afirmativos, 84 negativos y 5 abstenciones, la Cámara baja respaldó la decisión del presidente Javier Milei de rechazar la Ley que ampliaba el presupuesto de las Universidades conforme los índices del IPC hasta diciembre de este año. 

En la práctica, la medida implicaba un 0.14 del PBI y empezaba a ensayar una solución al conflicto que el Gobierno Nacional abrió con la Educación Pública en general y, en particular, con el sistema universitario. 

De esta manera, es el segundo veto que ejecuta el Presidente -el primero fue a la Ley de Movilidad Jubilatoria- que cuenta con el aval legislativo de sus 39 Diputados y Diputadas -el bloque de La Libertad Avanza- con la ayudita del PRO -menos el legislador Álvaro González; del radicalismo -Martín Arjol, Mariano Campero, Luis Picat y José Tournier-  del Movimiento de Integración y Desarrollo con la ausencia de Oscar Zago y el bloque Independencia. 

Hubo 249 diputados y diputadas presentes, 8 ausencias -tres diputados de Encuentro Federal: Alejandra Torres, Ricardo López Murphy y Jorge Ávila; Oscar Zago, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID); Héctor Stefani, de Pro; el radical Fernando Carbajal; Fernanda Ávila, de Unión por la Patria y Yolanda Vega, de Innovación Federal-.

En tanto, las cinco abstenciones fueron de los legisladores misioneros de Innovación Federal  y del neuquino Pablo Cervi -UCR-. 

Por tanto, las ausencias y abstenciones inclinaron la balanza para que el oficialismo logre el respaldo al veto a la Ley de Financiamiento Universitario que, preveía un recomposición salarial mensual para los salarios Docentes y No Docentes según el IPC del INDEC, desde diciembre 2023 y hasta diciembre 2024. Asimismo, proponía la actualización bimestral del presupuesto universitario, según el IPC. 

En este marco, las y los trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales habían realizado dos marchas federales, una el 23 de abril y otra, recientemente, el 2 de octubre, "en defensa de la Universidad Pública" y en reclamo de mejoras salariales, ya que desde la asunción de este Gobierno, llevan perdido más del 50 por ciento del poder adquisitivo del salario, por lo que muchos trabajadores y trabajadoras están por debajo de la línea de la pobreza. Por eso es que esgrimen, casi como un mantra, que  "No hay universidad pública de calidad sin salarios dignos". 

El repudio al veto se hizo sentir desde el arco político y sindical. Por caso, el secretario General de la CGT, Pablo Moyano difundió un comunicado en el que apuntó a las y los diputados que respaldaron el veto, a los que tildó de "traidores a la patria" y "grupo de ratas". "(...) sumergen a la educación en las peores condiciones, dejando a los hijos e hijas de los trabajadores sin la posibilidad de tener un futuro digno. Este gobierno de cipayos, ladrones y entregadores solo buscan desaparecer la educación y la salud pública con la sola intención de descartar del sistema a laburantes y a los más vulnerables", postuló y convocó a todos los sectores a sumarse al paro Nacional del Transporte que la Mesa del sector anunció para el 30 de octubre.

En tanto, el Frente Sindical Universitario, integrado por CONADU, CONADU HISTÓRICA, FEDUN, FATUN , FAGDUT, UDA Y CTERA, ni bien se conoció el resultado de la votación, convocó a un paro total para el jueves 10. 

En la previa, durante una conferencia de prensa que realizaron frente al Congreso, habían avisado: "Si hay veto, hay paro". 

Así, las y los Docentes y No Docentes ratifican la continuidad del plan de lucha en defensa del salario y del presupuesto universitario.

Al cierre de esta edición, la Universidad de la Matanza era tomada por sus estudiantes, lo mismo que la Universidad de Avellaneda -sede Piñeyro-. La estrategia de tomas podría escalar si el conflicto no encuentra solución.