Sin acuerdo entre Sindicatos, empleadores, Estado y Gobiernos provinciales sobre la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que repercute en la prestación por desempleo, y en el piso salarial de trabajadores mensualizados -Ley 20.744- y jornalizados, el Gobierno fijará las subas por Decreto. 

De esta manera, se produce un nuevo desacuerdo entre trabajadores, empleadores y Estado Nacional sobre el poder de compra de los salarios y la inflación que no cede, a pesar de los números que pretende mostrar la administración nacional. 

Luego de casi dos horas de reunión, y sin acuerdo, la representación de las y los trabajadores buscaba llegar a una suba que rondara los 480 mil para julio, y poco más de 500 mil en agosto, pero la propuesta empresaria quedó corta y ofreció 245.094 pesos para julio y 264.500 para noviembre.   

En ese sentido, tras el desacuerdo la CGT emitió un comunicado "Otra vez sopa: un ofrecimiento empresario que no está a la altura de las circunstancias", en el que apunta a la "insensibilidad" de los empresarios por la propuesta, a la que descartó "por inaceptable".

"Esperamos que el Gobierno Nacional no convalide automáticamente este vergonzosa oferta que pocas soluciones traería a los sectores que más lo necesitan", define el documento cegetista. 

En sintonía, la CTA-T, que lidera el diputado nacional -UxP-, Hugo Yasky, difundió un documento "Nuevo boicot al Consejo del Salario", en el que denuncia "la complicidad" del Ejecutivo con los empresarios para hacer caer, una vez más, la reunión. 

"Como ya lo hizo en las reuniones de febrero y abril, la representación de Techint en el Consejo del Salario, ya sea a través de la Secretaría de Trabajo o de la mayoría de los paritarios patronales, llevó al fracaso el encuentro para fijar un salario mínimo vital y móvil acorde a las necesidades de la canasta alimentaria. Esta actitud de boicot, a la que el gobierno de Milei se somete dócilmente, ha provocado que Argentina tenga el sueldo mínimo legal más bajo de su historia. Hoy ese haber alcanza apenas para cubrir la mitad de una cantidad de subsistencia, lo que explica en gran medida que cada vez haya más asalariados registrados por debajo de la línea de pobreza", explica el texto de la CTA-T.

En ese sentido, desde la Central advierten que "con el valor actual pasamos a ser parte de los tres países con el salario mínimo más bajo de América Latina".

"Esta insensibilidad empresarial y de las autoridades de gobierno explica los 18 puntos de indigencia y el crecimiento del desempleo que se acerca a los dos dígitos", por lo que repudiaron la oferta empresaria. 

Asimismo, el texto ratifica que las tres centrales sindicales -CGT, CTA-T y CTA -A- coinciden en exigir un aumento del salario mínimo "que cubra el incremento que ha tenido la canasta alimentaria", al tiempo que plantearon "la necesidad de que el Consejo del Salario se lleve a cabo de manera presencial y no virtual, como se instaló durante la pandemia de la cual ya han pasado tres años".

En tanto, consideran que dado el desacuerdo y la falta de recomposición del poder de compra del salario ante la inflación, "si el gobierno nacional lauda y vuelve a deteriorar el poder adquisitivo del SMVM, quedará demostrado que hay un acuerdo para perpetuar el hambre".