Un acercamiento dada la coyuntura. El diputado nacional, Maximo Kirchner, presentó un proyecto de Ley en el Congreso Nacional, que fue elaborado junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para proteger el Fondo Nacional de Incentivo Docente -FONID- y garantizar su permanencia e implementación frente a la discrecionalidad de los sucesivos gobiernos. Eje de discusión de los gobiernos provinciales y sus docentes con el Gobierno Nacional, que decidió suspender el envío de esos recursos, que componen el salario de las y los maestros y anular la Paritaria Nacional.  

De esta manera, las diferencias que parecían haber mostrado durante el último tiempo el Diputado y el Gobernador debieron suspenderse por temas de coyuntura, que golpean fuerte a las provincias. 

“Somos conscientes de las demandas sociales sobre la educación pública. En nada ayuda a dar respuesta a las mismas, empeorar los sueldos de quienes trabajan en ella”, expresó Máximo Kirchner con relación al proyecto de ley presentado junto a diputados y diputadas de Unión por la Patria . 

El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) es un plus económico que el Ejecutivo Nacional giraba a las provincias  para mejorar los sueldos de los maestros, maestras, profesores y profesoras, y representaba entre un 10 y un 15 por ciento de sus salarios.  Fue creado en el año 1998 como resultado de la lucha histórica de la Carpa Blanca docente en reclamo de aumentos en los fondos económicos destinados a la educación por la crisis económica generada durante el gobierno de Carlos Menem.
El FONID trascendió gobiernos y partidos políticos ya que, a partir de su creación, se fue prorrogando su vigencia durante 25 años. El actual gobierno decidió no renovar la prórroga que culminó en enero, anunció que no habrá paritaria nacional docente y afirmó que el salario de los maestros “depende de cada provincia”.  

En ese contexto, Kirchner y Kicillof plantean una iniciativa que reestablezca la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente de forma permanente a partir del 1º de enero de 2024, el cual será financiado con rentas generales.
“Nos encontramos con un gobierno que a la crisis económica prexistente la azota con medidas de ajuste salvajes sobre toda la clase trabajadora en general y a las y los docentes en particular. Y nos encontramos de nuevo, con los hechos versus las falacias. No pueden declamar que les preocupa la educación y que es prioridad que los niños, niñas y jóvenes tengan clases y a la vez castigar a las y los docentes como reprimenda por no poder manejar situaciones coyunturales por impericia propia”, apunta el proyecto.
Los diputados y diputadas que acompañan la iniciativa coinciden con la dos veces presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en que “las provincias necesitan los recursos que  les corresponden por leyes, decretos o acuerdos previos que surgen del presupuesto 2023 -que es ley de leyes- y que les están siendo ilegalmente retenidos. Esto no es  ´castigar a los gobernadores´, sino perjudicar a todos los argentinos y las argentinas”. 
“Las asimetrías salariales de los docentes de todo el país, sumadas a la crisis económica que atravesamos que ya era gravosa pero que fue profundizada con fiereza por parte del gobierno nacional, lejos está de solucionarse quitando recursos que venían a intentar resolver aquello”, plantea los fundamentos del proyecto presentado durante la tarde del viernes, que lleva la firma de las y los legisladores de Unión por la Patria:  Máximo Kirchner, Hugo Yasky, Cecilia Moreau, Florencia Carignano, Leila Chaher,  Gabriel Estevez, Emiliano Estrada, Tomás Ledesma, Magalí Mastaler, Luciana Potenza, Vanesa Siley, Julia Strada, Rodolof Tailhade, Luana Volnovich y Christian Zulli. 

“Los recursos del FONID debe ser una política permanente, hasta tanto las asimetrías salariales de los y las docentes de todo el país sigan existiendo”, concluye el proyecto que promueve no solo su restablecimiento desde el 1° de enero sino también que no tenga plazo determinado, sosteniendo que el financiamiento debe ser de rentas generales. En este sentido se propone modificar el artículo 11 de la Ley 25.053, estableciendo los criterios que deben tomarse anualmente para el fondeo.
Según precisaron los dirigentes, la iniciativa se conversó con la secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, quien se mostró conforme.