El abogado, docente en la Carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y presidente honorario de la Corriente de Abogadas y Abogados Laboralistas 7 de julio, Gustavo Ciampa, analizó el DNU del Gobierno nacional, al tiempo que destacó las dos cautelares dictadas por la Justicia del Trabajo ante el pedido de la CGT y la CTA-T. 

"El DNU es inconstitucional por donde se lo mire", definió Ciampa al examinar los artículos que componen el título IV Trabajo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei y sus Ministros. "En materia laboral es inconstitucional porque viola el principio de progresividad, de no regresión y el principio protectorio que se desprende del articulo 14 bis de la Constitución Nacional".

"Estoy leyendo este tiempo con mucha preocupación, viendo cómo el podel político y el económico están queriendo avasallar la institucionalidad, más allá de los contenidos del DNU", indicó. Y, en sintonía, se refirió al Protocolo Antiprotesta que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca aplicar -en nombre del orden- ante alguna manifestación de descontento social en las calles.  "Es muy preocupante el protocolo de Bullrich y el DNU porque se están llevando puesto todo. Es un atropello a la institucionalidad, al sistema republicano y a todos los poderes del Estado", continuó. Y apuntó a los cuestionamientos que hicieran algunos funcionarios del gobierno nacional sobre el Poder Judicial de la Nación y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dictó dos medidas cautelares, que le ponen un freno a la parte laboral del DNU.

"La descalificación, la persecución y la amenaza a los Jueces, Abogados del Trabajo y a los dirigentes sindicales ya lo vivimos durante el Gobierno de Mauricio Macri. Hoy, agitan un marco de sospecha sobre el comportamiento de los Jueces; uno puede estar o no de acuerdo con los criterios que tienen históricamente, pero son intachables y resuelven conforme a su criterio, frente a una norma inconstitucional muy grosera", se quejó. 

"No se trata de un DNU que aborda alguna cuestión puntual, de manera provisoria, sino que pretende cambiar las relaciones jurídicas en Argentina por completo, tanto del sector privado como del sector público y hacer esto por vía de un DNU me parece muy grave", insistió al cuestionar las formas, más allá del contenido, al que calificó a todas luces inconstitucional. 

 

"Existe una coincidencia en el mundo de jurídico y entre los constitucionalistas sobre la inconstitucionalidad manifiesta del DNU".

 

"Este DNU avasalló de la manera más grosera el sistema constitucional argentino.  Desde la sanción de la Constitucion en 1853, hace 170 años, sin considerar los períodos de gobiernos de facto, es la norma más grosera". "Todo, con una contradicción jurídica en la que el Ejecutivo dice que no hay manera de encausarlo en el trámite ordinario de las leyes, pero, paralelamente, convoca a Sesiones Extraordinarias para abordar un paquete de leyes que profundiza el DNU", agregó Ciampa.

"Aún si hubiera salido por ley y no por Decreto es muy preocupante el contenido del DNU desde el Derecho del Trabajo porque se están violando Derechos Humanos consagrados por la Constitución Nacional como por los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional", apuntó y explicó que  esas normativas "consagran dos principios "que funcionan en tándem: el principio de progresividad y de no regresión en materia de derechos sociales -el derecho laboral es uno de ellos-". "Los derechos sociales y laborales tienen que ir mejorando o mantenerse en beneficio de las y los trabajadores (progresividad). El principio de no regresión establece que no pueden degradarse derechos o el nivel de proteccion que tienen", sostuvo y definió: "Los contenidos de este DNU afectan 77 artículos de la legislacion laboral y todos son regresivos. Son inconstitucionales y violatorios de derechos humanos".    

Asimismo, Ciampa analizó, que el mismo DNU atenta contra el mandato constitucional protectorio que emana del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. "En vez de proteger, desprotege", sostuvo. 

Con el mismo ojo atento desde la Doctrina, el Abogado laboralista advirtió que, al mirar el contenido de cada disposición que compone el DNU, "surgen nuevas inconstitucionalidades". A saber algunas: la sustitución de la indemnización por despido por la creación de un Fondo -no habría protección ante el despido arbitrario o mecanismo que prohiba o disuada el despido sin justa causa-;  la huelga como causal de despido y la suspensión del derecho a huelga -con el agravante del protocolo antiprotesta si la medida de acción contempla una marcha o movilización-; la extensión a 12 horas de la jornada laboral para no pagar horas extras; extensión del período de prueba de tres a ocho meses; fomenta el empleo no registrado al quitar las penalidades a los empleadores que no registren a sus trabajadores y trabajadoras;  la legalización del fraude laboral -vía monotributo- donde un trabajador independiente puede contar con hasta cinco colaboradores sin existir relación entre ellos o con los que contraten sus servicios. "Es atroz, comienza a crearse/legalizarse la figura de los racimos de seis trabajadores en negro", definió. 

"La Opinión Consultiva 27/21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-, que es la intérprete auténtica y última, interpreta que los Estados deben suprimir las normas penales que puedan ser usadas para perseguir el derecho de huelga.  No pueden crearse nuevas normas para perseguir ese derecho -incluso, un DNU no puede involucrarse en temas penales-. y, además, contradice el sistema de legislacion laboral que tenemos, donde el incumplimiento resulta de la evaluacion prudencial de los jueces, donde se considera el incumplimiento, según el contexto", explicó , tras apuntar que el DNU limita el derecho a huelga "de manera engañosa" porque "no dice que adherir a una huelga es causal de despido, sino cuando en el marco de una huelga, la medida de acción directa causare daño a la empresa.  No hay huelga si no hay daño. Están convirtiendo el ejercicio de un derecho constitucional en una causal de despido. Además, la CIDH en la misma Opinión sostuvo que la huelga no es sancionable ni por los Estados ni por los privados". 

 

La orientación del Decreto

 

Para Ciampa, existen "perlas" dentro del DNU que indican "el sentido de fondo" de lo redactado. Por lo que apuntó a los límites claros sobre los intereses a pagar por los empleadores en juicios laborales frente a los límites libres por el uso del financiamiento de las tarjetas de crédito. 

"Cuando una empresa paga el sueldo retiene aportes sindicales, de Seguridad Social, entre otros. Ese dinero no es del empleador, es de los trabajadores y de los Organismos o Sindicatos. Si retiene el aporte, pero no lo deposita y se queda con ese dinero, tiene sanciones -que el DNU prevé derogar-. Por lo que está favoreciendo la apropiacion de dinero ajeno", sostuvo y añadió: "Hablan tanto de la propiedad privada, de la libertad, que digo hay perlas que muestran el sentido de todo esto: libera las tasas de interés que pueden cobrar las tarjetas por el financiamiento, pero a las y los trabajadores cuando hacen juicio, una vez terminado el juicio, si hay una condena de pago, es decir: si la justicia condena al empleador a pagar, este debe pagar la suma que debió haber pagado en su momento más un interés -el precio que se paga por el uso del dinero ajeno-. Pagar lo que no pagó por el uso de ese dinero. Sin embargo, el DNU le pone un límite a la tasa de interés por el uso del dinero de los trabajadores -3 por ciento anual- y por la tarjeta es libre", disparó e ironizó: " Además, el empleador puede financiar en 12 cuotas el cumplimiento de la condena. Inventaron el Plan trabajador 12". 

En sintonía, consideró que el Decreto contempla "un modelo de país que no es nuevo", tras el antecedente de la Dictadura Cívico-Militar, el menemismo en los ´90 y el macrismo entre 2015/2019. "Un país para pocos, con muchos excluídos, una transferencia regresiva de ingresos y una afrenta a la dignidad". 

De igual modo, el cáracter desechable/descartable de la clase trabajadora. "A 40 años de democracia, la matriz económica, productiva e ideológica de la última Dictadura sigue vigente con este Gobierno. No quieren una sociedad justa, integrada, donde la población sea feliz, se desarrolle en su trabajo y viva dignamente con derechos. El modelo que quieren implementar es contrario a los intereses de la mayoría de los argentinos".  

 

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Sobre la estrategia del gobierno de que los amparos presentados pasen al Fuero Contencioso Administrativo, Ciampa avisó: "El gobierno confiaba que este fuero iba a convalidarle el DNU, yo no creo que lo haga, ni que nadie lo haga porque es demasiado grosero". En ese sentido, remarcó la decisión de la Cámara Nacional del Trabajo de dictar las cautelares que ponen límites y "defienden los derechos de los trabajadores". 

 

"Había que esperar a la cautelar de la CGT, que representa y abarca a todos los trabajadores, sean o no sindicalizados. Si no hubieran salido las cautelares iba a haber una litigiosidad enorme. La medida de la Cámara brinda seguridad jurídica porque el DNU generaba mucha inseguridad", consideró.

 

Además, apuntó que el gobierno quiso aprovechar la acción colectiva -trámite que le dio el primer Juez, en la previa a la habilitación del tratamiento del DNU durante la feria judicial- para que los expedientes vayan a Contencioso Administrativo. "Pero esta intención se les truncó, aparentemente, porque el Juez de feria de Contencioso Administrativo dijo que acá no hay intereses homogéneos -porque el DNU abarca muchos universos- y no se puede tramitar como una acción colectiva -lo que quiso hacer el primer Juez-. Cuando están en juego derechos laborales la Justicia del Trabajo es la competente. Acá pareciera que quedó desarticulada la estrategia del gobierno", sostuvo.

Así las cosas, el pleito -amparo CGT/CTA-T- no podía resolverse en lo Contencioso "porque en materia de los intereses de los trabajadores y trabajadoras hay una ley -de Asociaciones Sindicales- que establece quién ejerce la representación de ese interés colectivo: los sindicatos -cada uno representa los intereses de sus trabajadores- y a nivel país, la representatividad del interés colectivo de los trabajadores y de los sindicatos, lo tiene la CGT.  A todos los trabajadores, independientemente, si estén o no sindicalizados o confederados", continuó Ciampa sobre la debilidad de la estrategia del Gobierno nacional. 

Cabe subrayar que, tras el dictado de las cautelares, la reforma laboral  prevista en el DNU está suspendida. 

 

Una salida posible

Aunque mucho dependa de lo que la política termine de definir en el Congreso nacional, atravesado por cruces, debates, imposiciones y negociaciones, Ciampa consideró que "la mejor salida, la más sensata y con menos daño, es que el Presidente visualizara que lleva menos de un mes en la gestión y tiene un golpe político-jurídico que tiene que asimilar -con las cautelares a favor de los amparos de CGT y CTA-T-. Creo que si sigue insistiendo va a seguir sumando más cautelares que lo van a frenar". 

"Que deje sin efecto el DNU, que respete la institucionalidad, la división de poderes y envíe leyes al Congreso en temas puntuales a su política, aunque los contenidos, como ya dijimos: son inconstitucionales, injustos en materia laboral,  y en otras materias también", cerró.