“La reducción de la jornada laboral es una ampliación de derechos”, definió la diputada nacional de extracción sindical -La Bancaria-, Claudia Ormachea, al considerar que, tanto su iniciativa para reducir la jornada laboral, como las demás, con estado parlamentario en el Congreso nacional, están orientadas a mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores en general.
El proyecto de la Diputada busca llevar de 48 a 36 las horas semanales trabajadas, con un máximo de 6 horas diarias -para el ámbito público y privado-, sin reducción salarial, aplicable a todas las formas de trabajo -contempla que, por el tipo de producción, algunos sectores apliquen una determinada reducción y otros, otras-.
En definitiva, lo que se busca es redistribuir el trabajo, el salario y los cuidados porque, como un efecto dominó, permitirá que más personas se inserten en el mercado laboral formal, cuenten con un ingreso y, en simultáneo, que las y los trabajadores tengan tiempo -por igual- para dedicar al cuidado de personas y las tareas domésticas -que recaen mayormente en las mujeres y diversidades, generando la doble jornada laboral-; más allá de habilitar la posibilidad de tiempo de ocio o de capacitación y/o formación. “Sin lugar a dudas nos va a permitir buscar y encontrar una distribución más equitativa de quién se hace cargo del cuidado de niños y adultos”, indicó Ormachea.
Asimismo, en la búsqueda por reducir y generar nuevos puestos de trabajo, aumentar la oferta de empleo, y combatir la informalidad, las mujeres y diversidades, mayormente precarizadas por la falta de tiempo -debido a la sobrecarga de los cuidados y tareas domésticas- verían allí una posibilidad de insertarse en el mercado laboral, en vez de ser expulsadas y condenadas a la informalidad, como sucede actualmente, más allá de los avances en torno a políticas que promueven la igualdad de géneros y oportunidades en el mundo del trabajo -la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, ENUT, que realizó el INDEC entre octubre y diciembre de 2021, tiene mucho dato para aportar sobre las brechas de género-.

Si bien la reducción es promisoria en ese sentido, Ormachea explicó: “Hay que tener claro que ninguna ley laboral genera la cantidad de puestos de trabajo que uno necesitaría para sacar a las y los trabajadores de la informalidad. Eso lo hace un proyecto económico, un proyecto de país orientado a la producción y el trabajo”, por lo que llamó a defender “un proyecto de ampliación de derechos” contra otro de flexibilización laboral. “Micrófono por el que pasa, la oposición habla de quita de derechos y flexibilización. Esperamos que las y los legisladores se sienten a discutir la iniciativa y, sino que expliquen de cara a la sociedad el proyecto económico que tienen”, disparó. “Será un gran debate, atado al proyecto de país que cada uno quiere”, avizoró.
En tanto, arengó a las y los trabajadores como a la dirigencia sindical a “apropiarse de la iniciativa, militarla”, porque sino se corre el riesgo de que se diluya su debate, sanción o, eventualmente, su implementación. “Ya nos pasó con la Ley de Teletrabajo que, a pesar de que fue sancionada y reglamentada, sigue planteando peleas. Aún el ministerio de Trabajo no recibió el listado de las personas que trabajan desde sus hogares”, se lamentó e insistió: “Una ley es una ley. Si los trabajadores y dirigentes no nos apropiamos de la ley, queda solo en un papel”.
Con el sustento de experiencias en otros países y vía Convenio en algunas organizaciones sindicales -en APSEE, SITRAJU, entre otras-, la reducción de la jornada laboral abre el debate en cuanto a la posibilidad de pensar y conquistar otras maneras de organizar el trabajo y la vida.
“En el mundo hay muchas pruebas pilotos y hay un trabajo muy interesante que hizo la Universidad de Cambridge, que tomó de ejemplo a 61 empresas, donde brinda los pro y los contra de reducir la jornada. Para sorpresa de muchos, las empresas se ven beneficiadas y la renta o se mantiene igual o creció. Incluso, se reduce el ausentismo, los accidentes laborales y la rotación del personal”, indicó Ormachea y agregó: “Se pueden fundamentar muchas cosas, pero hay que dar el debate en el Congreso y los bloques tienen que sentarse a debatirlo”.

Reducción de la jornada sin baja en los salarios. Es la propuesta que defiende la legisladora Ormachea. “Es muy importante porque los trabajadores y trabajadoras durante el Gobierno de Macri perdieron un 20 por ciento de su salario. Entonces, al reformular el valor hora, se les estaría devolviendo parte de lo que perdieron”, explicó al tiempo que desestimó la presión empresarial a favor de la baja salarial, tras la reducción de la jornada -lo que abriría, quizás, la discusión en torno a las vigentes contribuciones a la Seguridad Social por contratar nuevo personal-. “Los empresarios prefieren pagar horas extras y no tener que contratar más personal. En realidad, lo que quieren es obtener la mayor renta y para eso el esfuerzo siempre está del lado de los trabajadores. Es tiempo de cambiar las cosas porque la pandemia nos enseñó a las y los trabajadores que hay otros tiempos, que hay otra forma de organizar el trabajo, la vida social, familiar y educativa. No podemos hacer como que nada pasó. Tenemos que avanzar en medidas de este tipo”, subrayó la legisladora.
Con un largo camino por recorrer, las iniciativas aguardan ser abordadas dentro de la Comisión de Legislación del Trabajo, que preside Vanesa Siley, para iniciar su ruta legislativa. Por rumores, la convocatoria sería para la semana próxima, aunque en lo formal no existe aún ese llamado. Luego, vendría la etapa de las charlas informativas con los distintos sectores del mundo del trabajo, para luego poder avanzar en un dictamen de Comisión y que se habilite su debate en el recinto.
En ese marco de discusiones y propuestas, cobra impulso la ratificación del Convenio 47 de la OIT -1935- sobre la reducción de la semana laboral a 40 horas. De hacerlo, Argentina sería el primer país de América en ratificarlo, y asumiría el compromiso de adaptar la legislación, prácticas y controles en ese sentido, además de enviar informes sobre su implementación a la Oficina Internacional del Trabajo.

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