Fotos: Infocamioneros

En la previa a que el presidente Alberto Fernández anunciara el envío al Congreso del proyecto de Ley para crear el Sistema Integral de Políticas de Cuidados, Roxana Mazzola, directora nacional de Transparencia del ministerio de Obras Públicas recibió a Otro Contenido. En ese encuentro, la funcionaria adelantó el avance en la redacción del proyecto, en el marco de las Mesa Interministerial de Cuidados y el aporte específico que hicieron desde el área que conduce. Así, el 8.5 % del Presupuesto destinado a la Obra Pública tendrá que ser volcado al desarrollo de infraestructura del cuidado y, además, que esa inversión se haga basada en un índice multidimensional, que oriente los recursos a cerrar Brechas de género y desigualdades estructurales. "Es un modo de blindar la agenda de los cambios de gestión e instalarla dentro del marco de la Ley integral de cuidados", destacó Mazzola.
Ese porcentaje de inversión, a fines del 2021, logró ampliarse al 10.5 por ciento y, según precisó la directora, significaron 12 mil millones de pesos, en vez de 9 mil millones, para construir diversos espacios que se presentan como oferta pública para descomprimir la sobrecarga de los cuidados que recae en las mujeres y más, en las de menores recursos, ayudando así a cerrar brechas sociales y de género, igualando oportunidades.
“La desigualdad tiene género y edad”, definió la funcionaria. Es que las mayores inequidades las padecen las mujeres, las niñas y los niños. Según el documento “Infraestructura del Cuidado. Obras Públicas, género y niñez”, de la Dirección Nacional de Transparencia, Ministerio de Obras Públicas- 2020- en base a la Encuesta Nacional sobre Estructura Social (ENES) del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC) del Ministerio de Ciencia y Tecnología -2016-, el 82,8% de niños y niñas de 2 años no asisten a un centro de cuidado infantil. Quienes los y las cuidan son mayoritariamente mujeres (61,5%). Así, ante la ausencia de un sistema público de cuidados con cobertura suficiente, vivir en un hogar con niñas, niños y adolescentes implica menor participación económica para las mujeres, por lo que invertir en Centros de Desarrollo Infantil es fundamental para ampliar oportunidades.
En sintonía, para Mazzola “Poder desarrollar infraestructura para la primera infancia es vital para la reducción de la pobreza de tiempo que tienen las mujeres y más, para aquellas que no pueden apelar a la red comunitaria de ayuda, no tienen ayuda familiar o acudir al mercado, a través de una niñera o la cuota de un jardín, se vuelve imposible. Ahí se agigantan las brechas de género".
Según información oficial, los Centros permitirán incluir a 28.800 niñas y niños, de 45 días a 4 años de edad, de las localidades más vulnerables del país, en espacios de educación, cuidado y promoción de derechos. Todo, localizándolos conforme en base al Índice de Inequidades en la Primera Infancia (IPI), elaborado por el Programa de Monitoreo y Evaluación del Ministerio Obras Públicas, a partir de tres criterios: vulnerabilidad y desigualdades de accesos a cuidados en la niñez; demografía y escala de ciudades; y viabilidad de suelo, gestión y sostenibilidad en el tiempo.
Atentos a ese indicador, el 40 por ciento de los Centros están en el Gran Norte argentino -en un 88 por ciento en Municipios con altos a muy altos índices de vulnerabilidad en la primera infancia- y en el Conurbano bonaerense -de los 300 de la primera etapa, 98 se instalarán allí-.

Más datos para pensar la pobreza feminizada
A fines de abril, el INDEC publicó los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo -ENUT- realizada entre octubre y diciembre de 2021. La última vez que se contó con esa información fue en 2013. Así, el Instituto indicó que el 91.6 por ciento de las mujeres realiza trabajo doméstico, de cuidado, apoyo a otros hogares o voluntario mientras que, en el caso de los varones, lo hace el 73.9 por ciento. Asimismo, los datos indicaron que existe mayor participación de las mujeres en actividades productivas -remuneradas y no remuneradas- 94.6 y los varones 90. 2 por ciento, lo que habla de la sobrecarga de trabajo que tienen las mujeres. Sin embargo, esa mayor participación se achica si analizamos su trabajo remunerado fuera del hogar -36.9 por ciento- mientras que la participación de los varones en ese ámbito es del 55.5 por ciento. Por lo que ellas desarrollan la mayoría del trabajo no remunerado -91.6 por ciento-.
Contar con esta información sirve como insumo para pensar políticas públicas que tiendan a reconocer, reducir, recompensar, redistribuir y representar los cuidados, dada la persistencia de la feminización de ese trabajo, de los estereotipos y roles de género.
La diferencia en la dedicación de hombres y mujeres a las tareas domésticas, de cuidado o voluntarias son la principal barrera que limita el acceso de las mujeres al mercado laboral formal, a la capacitación o al ocio.
¿Qué es la infraestructura del cuidado?
"Es un conjunto de obras que inciden tanto en quienes cuidan y en quienes requieren ser cuidados -niños, niñas, adolescentes, personas mayores o con discapacidad-, que brinda bienestar a la población, y redunda en la reducción de brechas de quienes brindan esos cuidados que son las trabajadoras, las mujeres que se sobrecargan con las tareas de cuidado", explicó Mazzola.
"Son obras muy concretas, materializables que tienen que estar disponibles por ausencia o insuficiencia en los territorios, esa es la demanda. Entonces, el Ministerio se dio una agenda con eso, diciendo: vamos a destinar un 8.5 por ciento del Presupuesto propio al eje de obras que incidan en la infraestructura del cuidado".
A la crisis de los cuidados y a la feminización de la pobreza que dejó en evidencia la pandemia, el Estado respondió con la puesta en marcha del Programa de Infraestructura del Cuidado que contempla la construcción de Centros de Desarrollo Infantil -CDI-; Infraestructura sanitaria; Centros Territoriales para el abordaje integral de violencias contra las mujeres y personas LGTBI+; espacios para las juventudes y para el cuidado de personas mayores. Una apuesta, además, a dinamizar la economía de la mano de la obra pública y la generación de empleo -directo e indirecto-; un mapa federal de servicios públicos de cuidado ofrecidos para aliviar la carga estereotipada que pesa sobre las mujeres.
El Programa de Infraestructura del Cuidado fue creado con el objetivo de reducir las brechas de pobreza, género, territoriales y de acceso a los espacios de cuidado integral para la protección de derechos de la niñez en las edades tempranas. Asimismo, apunta a revertir las desigualdades existentes en términos de tiempos disponibles por parte de las mujeres para realizar otras actividades y de ampliar la oferta de estos espacios, a fin de alcanzar una distribución más justa de las tareas de cuidado.
"Cuando se introduce la perspectiva de género en la obra pública, todo lo que se haga para reducir brechas de género tiene que estar orientado a reducir la sobrecarga de los tiempos de cuidado que recae sobre las mujeres y ahí, hablamos de infraestructura en educación y cuidado de la primera infancia, a personas mayores o con discapacidad; en salud pública; en espacios para las juventudes, Mujeres y personas LGTBI+", subrayó Mazzola. 

Avances y desafíos
Así como en el marco de la pandemia la inversión giró en torno a la salud y reforzar el sistema sanitario, “para este año, dentro del conjunto de obras de infraestructura del cuidado, van a tener mayor peso las inversiones ligadas al desarrollo de los CDI por el estado en que se encuentran las obras en ejecución", precisó la funcionaria en torno al trabajo conjunto entre el ministerio de Obras Públicas y el de Desarrollo Social para el avance de los CDI.
"En la primera etapa, el presidente anunció que iban a crearse 322 CDI -180 ya están en ejecución y el resto están gestionándose. En la segunda etapa, el Programa de Infraestructura del cuidado buscará llegar a los 600 a nivel federal”, sostuvo y destacó que se incluyen nuevos prototipos edilicios para localidades con menos de 7000 habitantes y otros adaptados a las características geográficas de la Patagonia.
Además del avance y desarrollo de las obras, desde el área, Mazzola se propone evaluar el alcance e impacto de los CDI. “Es una de las cosas que estamos planteando para ver cómo estamos contribuyendo a cerrar esas brechas, que son las que motivan la inversión”, precisó.

Igualdad de género es Justicia Social
El debate en torno a la agenda de género y al interior de los feminismos viene instalando un apotegma que se repite: No hay Justicia Social sin igualdad de género. Frase que, además, hace mella en la planificación, diseño y análisis de diversas políticas públicas, de un tiempo a esta parte, más el desafío de su implementación concreta en los territorios.
“La agenda de Justicia Social requiere un abordaje desde los géneros con un abordaje bidimensional porque no basta solo con políticas de igualación de oportunidades y transformación cultural, sino que, tambien, requiere políticas concretas de redistribución económica y la obra pública es una de ellas. Que se invierta con perspectiva de género en obra pública y que se destinen partidas para obras de este tipo es empezar a dar una discusión dentro de esa agenda con mucha materialidad”, reflexionó Mazzola y cerró: “El Estado argentino tiene que repensar todo su sistema de políticas incorporando un componente muy grande ligado al cuidado. Significa pensar cómo cuidamos a la sociedad: a quiénes reciben cuidados -niños, niñas, adolescentes, personas mayores o con discapacidad- y a los que brindan cuidados que, en su mayoría, son mujeres”.

10/05/2022