“Sabemos que falta, porque cuatro años no bastan para desarmar el machismo estructural. Para eso, necesitamos la fuerza de todos los sectores de la sociedad y de todos los poderes del Estado: hay que renovar el pacto social democrático en contra de todos los tipos de violencias y un Poder Judicial que esté a la altura del contexto histórico”, destacó Mazzina tras la difusión del documento en el que se explican avances en materia de asistencia estatal -Programas e inversión- para prevenir, sancionar y erradicar las violencias por motivos de género o vulneración de derechos -en el ámbito de la homónima Ley 26.485-.
En ese sentido, y en el marco de una nueva jornada de lucha que plantea el 3J #NIUNAMENOS, el texto informa que el Estado asistió de manera directa a más de 1.650.000 mujeres y LGBTI+ en situaciones de violencia.
Así, contra los pseudo-debates que plantean la idea de eliminar el novedoso Ministerio, surgido al calor del Gobierno que asumió en diciembre de 2019, para dar respuesta, poner en agenda políticas públicas y presupuestar con perspectiva de género, la cartera a cargo de Mazzina ponderó los alcances de lo realizado para prevenir y atender las violencias que sufren mujeres y diversidades. “El desafío es consolidar y profundizar lo realizado en todo el país para que estas medidas trasciendan los gobiernos y se transformen en políticas de Estado”, finaliza el documento donde precisan datos, presupuestos y políticas públicas ejecutadas para la Prevención y promoción de derechos; Asistencia y protección integral frente a las violencias por motivos de género; Fortalecimiento de la independencia económica de mujeres y LGBTI+; y Jerarquización institucional de las políticas de género y diversidad.

Ampliación de la línea 144 y articulación con el 911; progreso de la Ley Micaela en diversos ambientes, más allá de los tres niveles del Estado; inversión de más de 54 millones de pesos en el fortalecimiento de 35 hogares y refugios territoriales de todo el país; el desarrollo de obra pública con perspectiva de género -construcción de Centros Territoriales Integrales-; entre otros.
Por caso, en cuanto a la Asistencia y protección integral, como parte de la política de reparación y acceso a la justicia, se destaca el Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante casos de Violencias Extremas por Motivos de Género acompañó a 502 familiares de víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Con una inversión de $ 46.000.000, asistió de forma integral a partir de apoyo económico, psicológico, asesoramiento legal y ayuda en la tramitación de la reparación establecida en la Ley N° 27.452, por la que los hijos y las hijas de mujeres víctimas de femicidio o de homicidio en contexto de violencia intrafamiliar y/o de género deben ser protegidos para crecer en un ambiente sano y libre de violencias. Por eso, tienen derecho a recibir una reparación económica mensual, acceder a una cobertura integral de salud y ser acompañados de manera integral durante su crianza.
"Ni Una Menos nos hizo ver en 2015 que la violencia por razones de género es estructural. Desde entonces empezamos a caminar hacia la igualdad, transformando las formas de gobernar. Este Ministerio es parte del compromiso del Gobierno Nacional, que escuchó la demanda social de más y mejores políticas para erradicar las violencias", sostuvo la ministra Ayelén Mazzina.
En este sentido, afirmó: “Si miramos el antes y el después de la creación de este Ministerio, hay una gran diferencia de cuánto se ha hecho para prevenir y erradicar las violencias: en tres años, pudimos acompañar de manera directa a más de un millón y medio de mujeres y LGBTI+ de todo el país en situación de violencia de género”.

Además, el Ministerio dio a conocer los datos preliminares del Relevamiento Nacional de Acceso a la Justicia en los abordajes del Programa Acercar Derechos -PAD, un equipo interdisciplinario de profesionales que abordan la problemática en todo el país-.
Los datos difundidos son una especie de diagnóstico casuístico provisorio sobre las barreras para acceder a la justicia en los casos de violencia de género, donde en el 86 por ciento de los casos hubo demora excesiva en la respuesta del sistema de justicia para abordar casos de violencia física -penal-; en cuanto a las medidas de protección por violencia de género, en el 82 por ciento de los casos se dictan medidas, pero no son efectivas porque persiste la situación de violencia, entre otros.

Asimismo, relevan la incidencia del PAD en el fortalecimiento del acceso a la Justicia -en todos los casos considerados permitió una mayor comprensión de las etapas o partes del proceso y el asesoramiento legal, entre otros-.
El estudio se realizó a través de la confección de una encuesta en el que se incorporaron los principales fenómenos en los que PAD interviene en materia jurídica. Lxs destinatarixs de la encuesta son todxs lxs abogadxs del PAD y las coordinaciones de todas las provincias del país. Cada respuesta del relevamiento fue elaborada sobre la base de la experiencia en casos concretos.

02/06/2023